POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DE TODA LA SOCIEDAD

Colgamos aquí el manifiesto de UpiC (http://www.upc.edu/upic/). Porque son muchas las voces en defensa de la Universidad Pública, constantemente silenciadas mientras se publicitan sin descaro eslóganes demagógicos y propaganda sin argumentos de los promotores de la Convergencia Europea.

POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DE TODA LA SOCIEDAD

"Contra una campaña para desprestigiarla y mercantilizarla

Desde finales del pasado año se ha desatado una intensa campaña orientada a desprestigiar a la universidad pública y a modificar radicalmente sus finalidades y su funcionamiento. El objetivo del presente escrito es precisamente llamar la atención acerca de esta campaña, con la cual se pretende que el sistema universitario pierda su carácter de servicio público.

Las tesis de la campaña

El Círculo de Empresarios, una parte de la prensa, representantes de las universidades privadas e incluso algunas personas que ejercen cargos de máxima responsabilidad en universidades públicas han coincidido recientemente en defender una o varias de las siguientes tesis:
Lo que paga el estudiante como precio de matrícula es muy poco, solamente cubre una pequeña parte de los costos, y no hay derecho a que los ricos paguen lo mismo que los pobres, para los cuales, por otro lado, el obstáculo para acceder a la universidad no es el precio de la matrícula, sino el de los salarios dejados de percibir. Sorprendentemente, la solución que estas personas proponen para facilitar el acceso a los que menos tienen consiste en ajustar los precios de la matrícula a los costos totales, que calculan en unos 5.500 € anuales.

Las personas formadas en las universidades no resultan suficientemente útiles para las empresas, no encajan adecuadamente en el mercado laboral. Por consiguiente, en la universidad sobra gente, porque la que sale de ella resulta sobreeducada, frustrada, arrepentida y, encima, no cobra mucho más que si no tuviese título. Las empresas deberían poder intervenir en el diseño de los planes de estudios e incluso en la actividad docente.

El sistema de gobierno de las universidades públicas es asambleario, sin parangón con el de cualquier otro país avanzado y, por lo tanto, ineficiente. Esto lleva al descontrol económico y organizativo de las universidades. Es necesario otro sistema de gobierno más ejecutivo, con un Consejo Social que actúe como el consejo de administración de una empresa, estableciendo las políticas y nombrando a la rectora o al rector que responderán de la aplicación de las mismas ante el propio Consejo, y no ante la comunidad universitaria.

Estas tesis no son nuevas. Durante las últimas décadas ha habido presiones para convertir la docencia y la investigación universitarias en un producto orientado a la satisfacción de las demandas inmediatas del mercado y hacerle perder de este modo su carácter de servicio público dirigido a toda la sociedad. Pero posiblemente nunca habían sido expresadas con tanta claridad como lo hace el documento Una Universidad al servicio de la sociedad, todo un programa de reforma universitaria publicado por el Círculo de Empresarios en diciembre de 2007, en el que se afirma que “No se trata de insertar la Universidad en el marco del Estado del Bienestar, tendencia que de algún modo ha estado presente en nuestra historia reciente; sino de integrar a la Universidad de manera más decidida en el tejido económico y productivo [...]”.

Cambios sí, pero no éstos

Desde la reinstauración de la democracia, la universidad pública ha sido en España un factor relevante de progreso social, cultural y económico. En estos treinta años la universidad ha diversificado y renovado la docencia, ha incorporado decididamente la investigación, ha mejorado las plantillas y las instalaciones y ha extendido el servicio público de la formación superior a más personas, de sectores sociales más diversos. A pesar de todo esto, arrastra todavía vicios heredados del franquismo y ha generado además algunos nuevos, a veces por sí misma, pero en otras ocasiones a causa de la connivencia, de la complicidad o incluso del impulso de la Administración, o al amparo de una legislación desacertada.

La universidad pública es una institución manifiestamente mejorable; una parte de las críticas formuladas se apoyan en defectos reales, por lo que tenemos el convencimiento de que es necesario reformar aspectos importantes de la misma. Pero ello no justifica la pretensión de mercantilizarla, es decir, de ponerla al servicio de los intereses a corto plazo de las empresas y de subir sus precios hasta niveles insostenibles para muchas personas. Nos hallamos, pues, ante una encrucijada: mejorar a fondo el funcionamiento de la universidad pública o ponerla al servicio de intereses privados imponiéndole como únicos criterios de gobierno y de gestión los propios de la empresa privada.

Bolonia como pretexto

Los tiempos de cambios son propicios para quienes pretenden llevar el agua a su molino. Y ahora vemos cómo el bullicio originado en torno al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) se aprovecha a menudo para tergiversarlo, ya sea haciendo interpretaciones tendenciosas o, sencillamente, inventándose su contenido. Así se convierte a veces en una presunta exigencia europea aquello que es simplemente la opinión interesada de una persona o de un sector.
Una formación universitaria para el futuro

La declaración de Bolonia dice –y estamos de acuerdo con ello– que hay que “promocionar la capacidad de obtención de empleo” de la ciudadanía europea. Para conseguirlo, la formación universitaria debe capacitar para una gran variedad de funciones que necesita la sociedad, que es algo más que las empresas, y debe ser robusta en relación con el paso del tiempo, es decir, debe proporcionar a las personas unos conocimientos generales profundos y bien asimilados, así como la capacidad de su actualización a lo largo de la vida. Esta formación es diferente de la muy específica que necesitan las empresas a corto plazo. Una concepción miope y estrecha de miras de la formación es nefasta para las personas y para el sistema económico y cultural del país, que necesita gente cualificada y con capacidad de adaptarse a la evolución de los conocimientos y a los profundos cambios socioambientales, demográficos, económicos y tecnológicos que previsiblemente marcarán el siglo XXI. ¿O es que quizá no se trata de encaminarse hacia la tan ensalzada sociedad del conocimiento, sino hacia una sociedad con un estrato mayoritario de gente poco cualificada y con sueldos bajos?

A la universidad, todas las personas que quieren y valen

A la universidad pública debe poder acceder toda persona que cumpla los requisitos académicos, y la continuidad en los estudios no ha de tener otra limitación que la capacidad y la voluntad de trabajo. Ajustar los precios de la matrícula a los costos totales dejaría fuera de los estudios universitarios a muchas personas que hoy pueden acceder a los mismos. Y la solución no reside en facilitar créditos con los que una buena parte de la juventud se vería obligada a iniciar su vida profesional con un fuerte endeudamiento. Lo que hace falta es aumentar la cuantía de las becas salario y el número de residencias estudiantiles, abaratar el transporte público para los jóvenes y tomar todas aquellas medidas que eviten que la falta de recursos económicos sea una barrera para la formación de la ciudadanía.

¿Un gobierno asambleario?

La afirmación de que el gobierno de las universidades es asambleario es sencillamente falsa. Las universidades actúan en un marco delimitado por las leyes y por la política de la Administración. La configuración y las competencias de sus órganos de gobierno están reguladas por disposiciones legales. Los consejos sociales, con mayoría de miembros externos a la universidad, tienen competencia sobre presupuestos y plantillas. La universidad no es una empresa, y la presencia decisiva de empresas en sus órganos de gobierno es incompatible con la autonomía y el derecho a la libertad de cátedra, reconocidos en la Constitución.

¿Qué hay que hacer?

De tener éxito la campaña que estamos analizando, se produciría una fuerte constricción del acceso a la universidad, la formación universitaria sería de obsolescencia rápida y se consolidaría un modelo económico basado en un personal poco cualificado y mal pagado. Por lo tanto, un retroceso social, cultural y económico muy significativo. Y esto es un peligro que no debe subestimarse.

Pedimos, por lo tanto, a las personas que tienen las máximas responsabilidades en las universidades públicas que se pronuncien en este debate, hasta el momento prácticamente unilateral, para defender a las instituciones que representan. Se lo pedimos también al gobierno de la Generalitat, como responsable de la enseñanza pública y de sus universidades.
Para servir mejor al conjunto de la sociedad y extender e intensificar el servicio público de la docencia y la investigación universitarias, son necesarios cambios profundos que acaben con el corporativismo, la burocratización y el parasitismo de los recursos públicos por parte de intereses privados, tanto desde fuera como desde dentro de la universidad, que aún hoy lastran el funcionamiento de la universidad pública. El gobierno de Cataluña y los de las universidades públicas deberían poner en marcha, de común acuerdo, un proceso de reflexión orientado a mejorarlas y a reforzar su contribución a nuestra sociedad. En esta tarea han de buscar y encontrar el apoyo activo mayoritario de la comunidad universitaria.

Mayo de 2008"

(Para firmar el manifiesto: https://www.firmasonline.com/1Firmas/firmcsinNew.asp?C=1531)